Abogada Penalista en Getxo

Ante un asunto penal, es fundamental contar con un abogado penalista que comprenda la importancia del caso y maneje con destreza tanto la normativa como la estrategia procesal. Si estás involucrado en un procedimiento penal, necesitas un profesional que no solo conozca la ley, sino que también sepa cómo aplicarla considerando los criterios de cada Juzgado o Tribunal.

Un buen abogado penalista ofrece acompañamiento completo durante todo el proceso, garantizando la defensa de tus derechos y una representación eficaz en cada fase del procedimiento judicial.

Los antecedentes penales se producen cuando una persona ha sido condenada por un delito mediante una sentencia firme, es decir, una resolución contra la que ya no es posible interponer recursos, bien porque la persona renunció a recurrir o porque se han agotado todas las vías legales disponibles.

En cambio, los antecedentes policiales son registros internos de los distintos cuerpos de seguridad que reflejan detenciones, investigaciones o participación en hechos delictivos, aunque no hayan derivado en una condena judicial. Esto significa que alguien puede tener antecedentes policiales sin haber cometido un delito, simplemente por haber estado involucrado en una investigación o haber sido denunciado.

Por tanto, es posible contar con antecedentes policiales sin tener antecedentes penales.

Los antecedentes penales se inscriben en el Registro Central de Penados, mientras que los antecedentes policiales se registran en los ficheros de cada cuerpo policial (Guardia Civil, Policía Nacional, etc.), y es necesario acudir a ellos para verificar la información.

En resumen, los antecedentes penales reflejan condenas judiciales, mientras que los antecedentes policiales documentan intervenciones o investigaciones policiales sin que exista necesariamente una sentencia.

Sí, tanto los antecedentes penales como los policiales pueden ser cancelados.

La ley reconoce que toda persona condenada mediante sentencia firme que haya cumplido su pena tiene derecho a solicitar al Ministerio de Justicia la cancelación de sus antecedentes registrados en el Registro Central de Penados, respetando los plazos y requisitos que establece la normativa.

En cuanto a los antecedentes policiales, la cancelación debe solicitarse al cuerpo policial correspondiente, amparándose en la legislación de protección de datos personales. Para ello, se ejerce el derecho de supresión siguiendo los procedimientos establecidos por cada fuerza de seguridad, de manera gratuita para el solicitante.

Para eliminar cualquier antecedente policial, es necesario aportar un certificado judicial o administrativo que acredite la cancelación definitiva del registro, vinculando claramente el documento con el atestado policial, la fecha y el lugar de la detención que se desea suprimir.

Puede resultar complicado, pero lo más importante al recibir una citación es mantener la calma y recopilar toda la información y antecedentes posibles sobre tu caso. Esto permitirá a tu abogado preparar la defensa más sólida y definir la estrategia más adecuada para ti.

Ser citado como investigado implica que necesitas la asistencia de un abogado penalista desde el primer momento. Tu defensor tendrá acceso al expediente judicial completo (excepto si el Juzgado decreta el secreto de sumario) y, junto contigo, podrá planificar la mejor estrategia de defensa.

Como investigado, tienes derecho a no declarar. Será tu abogado quien valore si en ese momento es conveniente prestar declaración o no.

Es importante recordar que esta es una fase preliminar del proceso penal: ser investigado no equivale a ser culpable, sino que indica que estás vinculado a un hecho que podría constituir un delito.

Contar con la asesoría legal adecuada puede ser decisivo para garantizar tu defensa y proteger tus derechos frente a posibles consecuencias legales.

Lo más recomendable es acudir de inmediato a un centro médico o servicio de urgencias para que te realicen un informe sobre las lesiones sufridas. Retrasar esta atención puede dificultar la constatación de heridas, marcas o rasguños que con el tiempo podrían desaparecer y, por tanto, ser difíciles de probar ante un Juzgado.

Con el parte de lesiones en mano, deberás acudir a una comisaría para presentar la denuncia, adjuntando el informe médico. Siempre que sea posible, facilita los datos de la persona que te agredió; si no la conoces, proporciona toda la información que pueda ayudar a identificarla, como posibles grabaciones de cámaras de seguridad en comercios, bancos o espacios públicos.

Tras interponer la denuncia, recibirás posteriormente una citación del Juzgado. En ese momento, es muy recomendable contar con un abogado penalista que te asesore desde el inicio del proceso, aumentando así tus posibilidades de obtener una indemnización por las lesiones sufridas.

Depende del tipo de delito. En los juicios por delitos leves (lo que antes se conocía como faltas), no es obligatorio contar con un abogado, por lo que es posible comparecer y defenderse por uno mismo. Sin embargo, no es aconsejable presentarse sin representación legal, de la misma manera que no intentarías realizar una cirugía en casa sin un profesional.

En los demás delitos, la ley no permite la autodefensa, salvo que la persona acusada sea abogado de profesión. Algunos ejemplos mediáticos de esto incluyen el juicio de José Manuel Villarejo o el caso de Rosario Porto, en el que la acusada por el asesinato de su hija Asunta Basterra ejerció su autodefensa junto con su abogado.

Tanto el hurto como el robo son delitos contra el patrimonio, pero se diferencian en la forma de cometerlos. El hurto consiste en apropiarse de un bien ajeno sin emplear violencia ni intimidación, mientras que el robo implica el uso de fuerza sobre objetos o violencia contra las personas. En otras palabras, el hurto se limita a sustraer un bien ajeno con ánimo de lucro, sin el consentimiento del propietario, mientras que el robo conlleva mayor gravedad y, por ello, penas más elevadas.

La detención no puede exceder el tiempo estrictamente necesario para realizar las averiguaciones dirigidas a esclarecer los hechos.

En todo caso, la persona detenida debe ser puesta en libertad o presentada ante la autoridad judicial en un plazo máximo de 72 horas. Para quienes sean arrestados como presuntos miembros de bandas armadas, terroristas o participantes en delitos de rebelión, la detención preventiva podrá extenderse hasta 48 horas adicionales.

El cómputo de este plazo comienza desde el momento de la detención, que no necesariamente coincide con la entrada del detenido en la comisaría, y finaliza al ser liberado o puesto a disposición judicial.

Sí. La detención de un menor solo puede prolongarse el tiempo estrictamente necesario para llevar a cabo las averiguaciones destinadas a esclarecer los hechos. En todo caso, el menor debe ser puesto en libertad o entregado al Ministerio Fiscal dentro de un plazo máximo de 24 horas. Posteriormente, el Ministerio Fiscal tiene un máximo de 48 horas desde la detención para decidir si deja al menor en libertad o solicita medidas cautelares ante el Juzgado de Menores.

Sí, puedes cambiar de abogado durante un procedimiento judicial; la ley reconoce este derecho y no hay límite en la cantidad de veces que puedes hacerlo.

Si tu abogado anterior era de oficio y decides contratar a uno particular, deberás abonar los honorarios correspondientes por los servicios ya prestados por el letrado de oficio.

Para que el cambio sea efectivo, tu nuevo abogado solicitará formalmente la defensa de tu caso al anterior, quien está obligado a entregar tu expediente sin demora, asegurando que no se vean afectados tus intereses.

Es importante recordar que cambiar de abogado no suspende automáticamente el proceso. Además, si se realizan múltiples cambios sin una justificación válida, el juez podría considerar que se trata de una estrategia dilatoria para retrasar el juicio.

En España, es posible presentar una denuncia por un delito de manera presencial en una comisaría de policía, en el Juzgado de Guardia o en la Fiscalía. La denuncia puede hacerse por escrito o de forma verbal, y será el funcionario quien se encargue de redactarla.

Actualmente, tanto la Policía Nacional como la Ertzaintza ofrecen la posibilidad de denunciar ciertos delitos a través de sus páginas web, incluyendo robos o hurtos sin violencia, pérdida de documentos u objetos, daños materiales, estafas simples y ciberdelitos leves. Sin embargo, será necesario acudir posteriormente a la comisaría para confirmar la denuncia.